Javier Milei usó este lunes su lapicera para vetar una ley del Congreso argentino. La norma, que obtuvo amplia mayoría tanto en el Senado como en Diputados hace diez días, establecía una subida de las pensiones, víctimas del ajuste que el ultraderechista aplica desde diciembre para alcanzar el superávit fiscal y controlar la inflación. El argumento de Milei ha sido que el aumento pone en peligro el equilibrio de las cuentas públicas, porque no contempla las fuentes necesarias para financiarlo. “Son degenerados fiscales”, les dijo a los legisladores. Si la oposición logra reunir dos tercios de los votos en el Congreso puede anular el decreto presidencial e insistir con la ley, algo que no tiene precentes en la democracia argentina.
Milei ya había advertido que vetaría la norma, pero no estaba claro todavía si lo haría en forma total o parcial. Esta última opción era la recomendaba parte del entorno presidencial para mantener abiertos puentes con la oposición considerada “dialoguista”. El presidente optó finalmente por el veto completo, con la intención de enviar una señal de fortaleza al Congreso, donde está en clara minoría y viene de derrota en derrota. La ley planteó a la Casa Rosada dos desafíos simultáneos, uno económico y otro político. El económico es evidente.
Apenas asumió el Gobierno, Milei estableció por decreto que desde abril las jubilaciones se actualizarían por inflación y no por una combinación entre aumentos salariales y recaudación del sitema previsional, como ocurría hasta entonces. El problema fue que el decreto no tuvo en cuenta el 20,6% de subida del IPC registrado en enero, con el consiguiente ahorro para las arcas fiscales y el daño evidente para los ingresos de los jubilados. La estrategia fue parte del plan “licuadora” de los gastos con el que Milei alcanzó el superávit fiscal en el primer trimestre del año.
Hace diez días, el Senado, controlado por la oposición, aprobó por 61 votos a favor y solo ocho en contra una modificación al sistema ideado por Milei: sumó a los haberes de este mes un 8,1% para compensar lo perdido en enero, estableció que las actualizaciones además de la inflación debían tener en cuenta la evolución de los salarios y, el punto que más alteró al Gobierno, estableció un piso mínimo de 1,09 canastas básicas para los jubilados que menos ganan. En la práctica, eso suponía fijar las jubilaciones más bajas en 320.000 pesos (320 dólares al cambio oficial), una subida de 15 dólares.
La suma resulto exhorbitante para Milei. “El aumento que deriva de esta ley implica un aumento del costo en términos del PBI de 1,2 puntos. Pero no es solamente un aumento que usted tiene un año, es de acá a la eternidad. Para una economía cuya tasa de interés promedio está en el 5%, implica que acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI”, calculó el presidente el domingo. La Oficina de Presupuesto del Congreso fue algo más medida: estimó que cumplir con la ley supondría un gasto extra de 0,45% del PIB para todo el año.
El veto presidencial a la ley resolvió, por el momento, su impacto económico. Pero abrió en su lugar un problema político. Tanto en el Senado como en Diputados, la norma reunió los votos del peronismo kirchnerista, que hace oposición sin matices, pero también de las fuerzas consideradas aliadas del Gobierno, como el Pro del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) o la Unión Cívica Radical (UCR- socialdemócratas). Semejante confluencia encendió todas las alarmas en la Casa Rosada. De repetirse la votación de hace diez días, esos mismos partidos tendrían los dos tercios de los voto necesarios para voltear el veto presidencial y dejar las cosas como estaban. Una derrota semejante pondría en duda la capacidad del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de su política de ajuste en el largo plazo y, temen en el mileismo, espantaría las inversiones.
Milei tomó nota del peligro que enfrenta y, por primera vez desde que asumió, decidió hacer política y no solo hablar de economía. La semana pasada, se reunió por primera vez en diez meses con los jefes de los bloques parlamentarios dialoguistas. Se reunió además de urgencia con Macri. El expresidente apoyó en público el veto presidencial, pero ya había dejado la mano libre a sus diputados y senadores para que votasen a favor de la subida de las pensiones. Le marcó así los límites a Milei, que está ahora obligado a negociar los votos del Pro en el Congreso. Macri pide a cambio cargos en las segundas y terceras líneas del Ejecutivo y unir fuerzas con la La Libertad Avanza, el partido del presidente, en las elecciones legislavitas del año que viene. El sueño de Milei de fagocitar definitivamente al Pro se aleja poco a poco.
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